
El Acta de Compensación, Responsabilidad y Respuesta Ambiental Total (ARCRAT) fue aprobada en 1980, y posteriormente modificada por la Acta de Reautorización y Modificaciones del Superfondo (ARMS) en 1986. La ARCRAT faculta a la APA a investigar y hacer limpieza general de los sitios abandonados y contaminados por sustancias peligrosas, y mantiene un fondo financiero para ese propósito.
La ARCRAT extiende el tiempo de la responsabilidad para sitios de contaminación a diversas clases de potenciales ofensores. Esto es una medida de poder para forzar a las partes responsables a contribuir para el costo de limpieza general.
La ARCRAT estipula cubrir la limpieza de todas la sustancias designadas como peligrosas bajo las siguientes actas del Congreso:
Acta del Agua Limpia (AAL).
Acta de Responsabilidad, Compensación y Respuesta Ambiental Total (ARCRAT).
Acta de Recuperación y Conservación de los Recursos (ARCR).
Acta del Aire Limpio (AAL).
Acta de Control de Sustancias Toxicas (ACST).
La cobertura de las sustancias excluidas por la ARCRAT incluye:
el petróleo, incluyendo el aceite crudo o alguna fracción de este, la cual de otra manera no se designa como una sustancia peligrosa bajo otro estatuto.
gas natural o gas natural liquido.
gas natural licuado.
gas sintético utilizable como combustible.
Aunque el petróleo y los productos del petróleo están específicamente excluidos de las regulaciones de la ARCRAT, el Congreso decreto medidas bajo la ARCR que impone responsabilidad a los propietarios de tanques de almacenamiento de petróleo.
La ARCRAT esta dirigida a 4 tipos de partes potencialmente responsables (PPRs):
dueños de tierras con sitios contaminados.
operadores de sitios contaminados.
transportadores de sustancias peligrosas para y desde sitios contaminados.
generadores quienes producen o que poseen el desecho peligroso eliminado de un sitio.
Las cortes tienen ampliamente interpretada la ARCRAT para acusar a cualquier persona que pueda haber sido de alguna manera responsable por la contaminación de un sitio. Una lista parcial de personas quienes han enfrentado responsabilidades bajo la ARCRAT incluye:
propietarios anteriores y actuales quienes compraron la tierra sin conocimiento de los contaminantes peligrosos que ya existían ahí.
los actuales propietarios quienes operan como terratenientes.
arrendatarios y sub-arrendatarios, si ellos tuvieron el control del sitio cuando fue contaminado.
terratenientes anteriores dueños del sitio cuando fue contaminado.
entidades gubernamentales que deben haber estado involucradas en la reglamentación del sitio.
cualquier entidad comercial incluyendo corporaciones, asociaciones, sociedades y propiedades privadas.
funcionarios corporativos y empleados administrativos que tuvieron control de las compañías o instituciones cuando el sitio fue contaminado.
cualquier persona que halla hecho tramites para la eliminación del desecho peligroso.
bancos hipotecarios, poseedores de embargo, acreedores y compañías hipotecarias.
compañías que inocentemente compraron las instalaciones donde se enterró el desecho peligroso.
compañías de mudanzas.
Es importante notar que los propietarios deben mantener la responsabilidad aun si ellos compraron la tierra sin el conocimiento de que allí se enterró desecho peligroso. Este ha sido una fuente de gran preocupación para los compradores de tierras, compañías hipotecarias y otros, para adquirir tierras.
La ARCRAT impone estrictas responsabilidades y por lo tanto no requiere encontrar negligencia antes que las penalidades puedan ser impuestas. La ARCRAT también se encarga de la responsabilidad conjunta, la cual permite a la APA a obligar a las partes quienes puedan ser responsables, de pagar solamente una parte del daño en relación al costo total de la limpieza. La responsabilidad conjunta significa simplemente que la APA puede exigir el cobro de una parte o de todo el costo de la limpieza a cualquier responsable o la combinación de todos los responsables por el daño.
Las defensas legales para las responsabilidades del ARCRAT están limitadas:
actos de Dios.
actos de guerra.
acciones de terceras partes.
defensa de un terrateniente inocente.
exención en interés de la seguridad.
Esta es una defensa que no esta específicamente enlistada, pero puede ser usada. Si un sitio fue contaminado por aplicación de plaguicidas, usted no deberá ser responsable bajo la ARCRAT si siguió todas las instrucciones de la etiquetas (bajo la AFIFR).
La defensa de las terceras partes puede solamente ser usada cuando la tercera parte es enteramente responsable por la contaminación y cuando no hay un contrato entre el acusado y la tercera parte. Por ejemplo esta defensa no puede ser usada si hay un contrato de venta entre el actual propietario (el acusado) y el anterior propietario (la tercera parte cuyas acciones causaron la contaminación). En esta situación se puede aplicar la defensa al propietario inocente.
La exención en interés de la seguridad protege a los prestamistas (como los bancos) de responsabilidades, cuando el prestamista adquiere la propiedad a través de un incumplimiento o juicio sobre una hipoteca y no participa en el manejo de las instalaciones.
La defensa del propietario inocente se aplica cuando un nuevo propietario no supo y no tuvo razón para conocer que un propietario anterior contamino la propiedad. Esto puede ser muy difícil de probar para un nuevo propietario. La mejor manera es con una auditoria ambiental. Una auditoria demuestra que el nuevo propietario uso debidamente la diligencia y tomo todas las acciones apropiadas para descubrir si allí hubo algún indicio de contaminación. Por esta razón, la auditoria del medio ambiente se vuelve muy popular en las compras de tierra, como una forma de protección de responsabilidad.
Una auditoria es:
una evaluación de las condiciones de la tierra.
un enfoque para ver si el prestamista o comprador sea probable de someterse a algún tipo de acción forzada.
Bajo la ARCRAT, todos los compradores, también los compradores sin conocimiento de contaminantes enterrados, pueden ser responsables por los costos de la limpieza. Estos compradores y prestamistas del mismo modo deberán conducir una auditoria antes de la compra de la propiedad que puede estar contaminada. Esta auditoria puede ayudarle a evitar por el momento ser responsable de los costos de limpieza del anterior propietario.
La ARCRAT requiere que la localización de cualquier sitio conteniendo materiales peligrosos sea reportado a la APA. Adicionalmente, una pronta notificación es también requerida después de cualquier derrame o liberación de materiales contaminantes en el medio ambiente. Las faltas para reportar en cualquier caso puede resultar en multas o prisión.
La APA es el principal ejecutor de la ARCRAT, aunque el Presidente esta autorizado para formar parte de los acuerdos con los estados que deseen hacer cumplir las medidas de los estatutos. La APA debe consultar con funcionarios del estado y oficinas locales, antes de decidir que correcciones de contaminación aplicar a los establecimientos federales.
La APA puede comenzar investigaciones donde halla una razón para creer que ha ocurrido o que puede ocurrir una liberación. La APA o un estado o autoridad local actuando bajo los acuerdos con la APA, pueden requerir que la persona o el negocio bajo investigación les proporcione:
información acerca de la naturaleza y manejo de todos los materiales peligrosos en el sitio.
información relacionada a las capacidades del responsable para pagar la limpieza.
La APA puede inspeccionar, en tiempos razonables, a cualquier sitio relacionado con materiales peligrosos y tomar muestras del sitio. Si las solicitudes de la APA son negadas durante la fase de investigación, la agencia puede emitir ordenes de cumplimiento para obligar la cooperación. La APA puede hacer cumplir esas ordenes con multas civiles de hasta $25,000 por día.
Si las investigaciones confirman que una sustancia peligrosa (o contaminante con el potencial para ser una amenaza inminente para la salud publica) ha sido liberado o puede ser liberado, la APA puede ejercer cualquier combinación de opciones de respuestas severas como:
acción de eliminación.
acción de reparación.
obligar al cumplimiento.
La APA prefiere medidas permanentes de costo efectivo siempre que sea posible. También, la limpieza general debe estar de acuerdo con otros estatutos apropiados federales o estatales del medio ambiente.
La APA o el estado pueden encargarse de la limpieza. Las partes responsables deben ser autorizadas para iniciar una limpieza privada, si ellos pueden demostrar a la APA que esto será tan efectivo como las medidas propuestas por la APA. Esta alternativa puede ser mucho menos costosa para las partes, quienes de otra manera pueden ser forzadas a pagar por la limpieza conducida por la APA o el estado.
Los autores agradecen al personal de agencias estatales y federales por su tiempo y asesoria en la preparación de este manual. Los autores también agradecen al siguiente personal de la University of Florida por la revisión y critica del primer borrador de esta publicación: Dr. Thomas Dean, Especialista en Educación de Plaguicidas, y Dr. Norman Nesheim, Coordinador de Información de Plaguicidas. Se hace también un especial reconocimiento a Richard Budell del Office of Agricultural. Water Policy del Florida Department of Agriculture and Consumer Services, por aportar fondos para el desarrollo de este manual.
Este manual esta diseñado para proporcionar un resumen exacto, actualizado y autorizado, de las principales leyes de Florida, que directa o indirectamente se relacionan con la agricultura. Esto debe proveer una revisión básica de la mayoría de derechos y responsabilidades que tienen los agricultores y propietarios de tierras agrícolas bajo las leyes de Florida. El lector encontrara información acerca de estos derechos y responsabilidades y el correcto contacto para mas información en detalle. Sin embargo, el lector debe saber que las leyes, reglas administrativas y decisiones de la corte, sobre las cuales esta basada esta publicación, están en constante revisión, por lo que partes de esta publicación podrían volverse obsoletas en cualquier momento. Muchos detalles de las leyes citadas, tampoco se incluyeron debido a limitaciones de espacio.
Este manual es distribuido en el entendimiento de que los autores no están comprometidos en dar asesoría legal o consejos profesionales, y que la información contenida aquí no deberá ser considerada como un sustituto de asesoría profesional. Esto no provee la información completa para hacer un cumplimiento total de los reglamentos y leyes que gobiernan la practica de la agricultura. Por esas razones, el uso de estos materiales por cualquier persona, constituye un acuerdo para mantener libre de daño a los autores, al UF/IFAS, al Agricultural Law Center y a la University of Florida, por cualquier reclamo de responsabilidad, daño o gastos, en que pueda incurrir una persona como resultado de referencia o por basarse en la información contenida en esta publicación.
Este documento es el EDIS FE 224, una publicación de el Department of Food and Resource Economics, Florida Cooperative Extension Service, UF/IFAS, University of Florida, Gainesville, FL. (English counterpart is Florida Solid and Hazardous Waste Regulation Handbook, FE440-FE468, Circular 1139. EDIS Publicación Diciembre 2003. Por favor visite la página electrónica en http://edis.ifas.ufl.edu.
Michael T. Olexa es Profesor en el Department of Food and Resource Economics y Director del Agricultural Law Center, Florida Cooperative Extension Service, UF/IFAS, University of Florida, Gainesville, FL, y Miembro del Florida Bar y Presidente de Agricultural Law Committee del Florida Bar; Aaron Leviten, Abogado en Orlando y professor invitdo para leyes de plaguicidas en la University of Florida; y Kelly Samek, graduado en 2003 de Levin College of Law en University of Florida. estudiante del terer año de leyes, College of Law, University of Florida, Gainesville, FL. La traducción del inglés al español estuvo a cargo de Filiberto Reyes-Villanueva.
The Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) is an Equal
Opportunity Institution authorized to provide research, educational
information and other services only to individuals and institutions
that function with non-discrimination with respect to race, creed,
color, religion, age, disability, sex, sexual orientation, marital
status, national origin, political opinions or affiliations.
For more information on obtaining other extension publications,
contact your county Cooperative Extension service.
U.S. Department of Agriculture, Cooperative Extension Service,
University of Florida, IFAS, Florida A. & M. University Cooperative
Extension Program, and Boards of County Commissioners Cooperating. Millie Ferrer-Chancy,
Interim Dean.